Las aguas que rodean a Gibraltar han sido durante mucho tiempo un tema de debate y desencuentro entre España y el Reino Unido. La zona es de especial interés por la importancia estratégica del puerto de Gibraltar, que se encuentra en territorio británico. Como resultado, las aguas de Gibraltar han estado en el centro de numerosas disputas legales y políticas a lo largo de los años.
En el siglo XVII, el Tratado de Utrecht estableció el marco legal para determinar la propiedad de las aguas de Gibraltar. Según el tratado, las aguas de Gibraltar pertenecen a España y no forman parte del Imperio Británico. Esto significa que cualquier barco que ingrese al área debe cumplir con las leyes y reglamentos españoles, así como con los reglamentos aduaneros españoles. Además, el tratado establecía que todos los buques que transitaran por las aguas de Gibraltar debían pagar un peaje al gobierno español.
El Tratado de Utrecht se ha mantenido a lo largo de los años y ha sido la fuente del derecho internacional que han seguido tanto España como el Reino Unido. Sin embargo, ha habido ciertos problemas que han causado tensiones entre las dos partes. Por ejemplo, el gobierno español ha acusado al gobierno británico de permitir demasiado acceso a las aguas de Gibraltar, además de permitir que los barcos atraquen sin pagar los peajes.
Además de esto, el gobierno español también ha acusado al gobierno británico de permitir el paso de buques mercantes y petroleros para labores de mantenimiento y repostaje que suponen un peligro para el medioambiente. Además, estas aguas bajo el control unilateral del Reino Unido, se han convertido en una auténtico coladero de narcotraficantes y traficantes de tabaco ilegal que tienen en Gibraltar un puente seguro para entrar su mercancía ilegal, en territorio español.
Esto ha dado lugar a una serie de disputas legales y choques entre patrulleras de la Royal Navy y la Guardia civil, aunque la cuestión de quién es el propietario de las aguas de Gibraltar no se ha resuelto por completo.
En general, las cuestiones jurídicas y políticas que rodean la propiedad de las aguas de Gibraltar son complejas. El Tratado de Utrecht ha sido la fuente del derecho internacional que ha sido seguido tanto por España como por el Reino Unido durante siglos.
Sin embargo Reino Unido recurre al derecho internacional, para reclamar el derecho a agus para su colonia. El mar territorial de un estado se define como el área de aguas que se extiende 12 millas náuticas desde su costa. Esta definición se describe en UNCLOS, que establece que todos los estados costeros tienen derecho a las aguas dentro de esta zona, independientemente del reclamo de cualquier otro país sobre el área. Según este derecho a Gibraltar le pertenecen 12 millas náuticas. Sin embargo, según el tratado de Utrecht que es la fuente de derecho para Gibraltar, las aguas de Gibraltar pertenecen a España y no forman parte del Imperio Británico. Entonces, ¿Qué tiene preferencia, el derecho de aguas de Gibraltar o el acuerdo firmado entre Reino Unido y España en el tratado de Utrecht?
En teoría, el derecho internacional establecido por UNCLOS otorga a Gibraltar el derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas. Sin embargo, el Tratado de Utrecht es un acuerdo internacional firmado entre Reino Unido y España que tiene una mayor autoridad en cuanto al uso y control de las aguas de Gibraltar al ser un acuerdo fuente para la cesión del territorio a perpetuidad. El cambio de uno solo de sus artículos supone la derogación de la totalidad y por lo tanto Gibraltar debería ser devuelto al Reino de España.
Entonces, si la ley está clara ¿Por qué España permite que las autoridades británicas se hayan adueñado de las aguas alrededor del penón? Es una simple cuestión de fuerza. Por la posición de debilidad de España frente al Reino Unido, la prevalencia del poder militar sobre el derecho internacional es lo que mantiene este conflicto vivo.
La ley es clara, en caso de incompatibilidad entre el derecho de aguas y el Tratado, la interpretación y aplicación de los mismos dependerá de la interpretación de los tribunales y de los estados implicados. En última instancia, se requerirá una resolución jurídica para determinar cuál de estos acuerdos tiene preferencia, siendo una cuestión innegociable para España que con toda la razón, recurre al Tratado de Utrecht que en esta cuestión estad de su parte. Reino Unido no tiene ninguna legitimidad a reclamar lo que en virtud de un tratado firmado por ambas partes, no está incluido en el acuerdo.
Las reclamaciones de aguas territoriales por parte de las fuerzas británicas no se limitan a las 12 millas. En su planteamiento de 1812, reclamaban toda la costa de la Linea de la Concepción y este proyecto sigue vivo en los planesdel Gran Gibraltar proyectados por el Foreign Office. En una apuesta menor, y siguiendo el trazado de la Convención, la colonia reclama que una parte del puerto de la Alcaidesa está edificado en aguas británicas y por lo tanto debería ser derribado o pasar al control de la colonia. Recordemos que todas estas reivindicaciones se hacen partiendo de los límites de la verja y del terreno del istmo sobre el campo neutral. Esto avanza la frontera 850 metros más allá de la original. El Istmo ocupado ilegalmente por las fuerzas británicas lo cual es una evidente violación del Tratado de Utrecht.
Esta muy claro que los británicos son insaciables, si España sigue cediendo, ellos seguirán ampliando su poder territorial a costa de nuestra propia soberanía. El gobierno Británico es un fuerza de ocupación qué ha olido la debilidad en las posiciones de España y no va a detenerse a la hora de hacer viables sus reclamaciones de más territorio. Es inevitable el choque tarde o temprano, por más que miremos hacia otro lado, por más que la Guardia Civil o la fuerza naval de España ignoren la presencia ilegal de fuerzas paramilitares británicas en nuestras aguas, los británicos no se van a detener. La otra opción, la favorita de nuestros políticos y del CSN es convertirnos en dóciles siervos de la colonia y consentir a todas sus amenazas y exigencias a cambio de un "Statu Quo" de no agresión. Esta opción es la más devastadora para la democracia, pues vulnera el derecho y las libertades del pueblo español a cambio de mendigar una paz desigual, entre el agresor y el agredido.
Las aguas que bañan Gibraltar, por derecho son españolas y de esto no hay la menor duda. Primero porque en el Tratado de Utrecht no se reconocen aguas jurisdiccionales a la colonia. Y segundo, Gibraltar hoy está bajo la ocupación de una colonia según las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Por lo tanto, no se considera territorio soberano, sino en proceso de descolonización. Solo la fuerza militar y las presiones diplomáticas del Reino Unido, mantienen el derecho del más fuerte de su lado. Pero la razón, la historia y la justicia está del nuestro por eso, y pese a la cobardía de nuestros gobernantes, incluido el Rey, Venceremos.